Estamos de enhorabuena, el pasado 27 de febrero se aprobó el Real Decreto por el cual las personas físicas quedaron exentas de las tan famosas y al mismo tiempo injustas tasas judiciales.
Este tema de las tasas judiciales, ha llevado de cabeza a muchos despachos y compañeros entre ellos nosotros mismos, y por supuesto ha perjudicado de forma sangrante a los ciudadanos, los cuales en última instancia han sido los que han cargado con semejante lacra; estos días me ha venido a la memoria un asunto que llevamos en el despacho el año pasado, en el cual una persona con recursos económicos limitados acudió a nuestro despacho para estudiar la prosperabilidad de apelación de una sentencia en primera instancia, y por culpa de estas tasas judiciales, una sentencia que le perjudicaba y que dicho sea de paso era técnica, jurídicamente nefasta, no pudo ser recurrida, cuando sus posibilidades de ganar eran muy elevadas, pues bien en este caso con otros miles de casos se ha impedido el derecho a recurrir que tiene todo ciudadano.
Desde nuestro despacho aplaudimos esta exención, si bien continuamos pensando en que debería extenderse a los autónomos y pequeña y mediana empresa, ya que están siendo junto con los ciudadanos uno de los colectivos más afectados por esta crisis económica en la que estamos, perjudicando de esta forma sus derechos a reclamar y recurrir al auxilio judicial cuando lo necesiten.
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